La Unión Europea (UE) ha demostrado su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. En diciembre de 2019, el órgano ejecutivo, la Comisión Europea, anunció el Pacto Verde Europeo, una estrategia de crecimiento para una economía sostenible y competitiva de la UE.

Los principales objetivos de la estrategia son 1) cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 50 años, 2) desvinculación del crecimiento económico y el uso de recursos, y 3) una transición justa e inclusiva. Según la Comisión Europea, la UE redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% y aumentó su producto interior bruto (PIB) en un 61% entre 1990 y 2019.

Sin embargo, según la política vigente en el momento del anuncio del Pacto Verde Europeo, se esperaba que las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE solo fueran un 60% más bajas en 2050 que en 1990. Por tanto, había que reforzar las políticas para alcanzar el objetivo.

Por ello, en junio de 2021 la UE promulgó la Ley Europea del Clima. En ella se establecía la obligación legal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% por debajo de los niveles de 1990 en un plazo de 30 años y alcanzar unas emisiones netas nulas en 2050.

En julio de 2021, la UE publicó “Fit for 55”, un paquete de políticas para alcanzar el objetivo a 30 años de la Ley Europea del Clima. Su contenido es amplio, pero aquí nos centraremos en el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE), que constituye el núcleo del paquete.

El RCCDE es un régimen de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos y, desde su introducción en 2005, se ha convertido en el mayor mercado de carbono del mundo en términos de cantidad de derechos de emisión comercializados. Actualmente se encuentra en su cuarta fase (21-30 años) y abarca un total aproximado de 10.000 instalaciones del sector del suministro de electricidad y calor y de los sectores industriales de gran consumo energético del Espacio Económico Europeo (EEE – 27 países de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega), así como a los operadores de aviación que operan en el EEE.

El Reglamento abarca el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso y los perfluorocarbonos, lo que supone aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la UE. En principio, los derechos de emisión se asignan a las instalaciones que cumplen los requisitos en una subasta de pago. En caso de incumplimiento del objetivo, se impone una multa de 100 euros por tonelada equivalente de CO2, además de la necesidad de adquirir los derechos de emisión que falten.